La suspensión del juicio disciplinario al canciller Álvaro Leyva Durán, ha generado controversia en Colombia. A pesar de que la Procuraduría General emitió un oficio de 122 páginas, solicitando la suspensión por tres meses de Leyva; el funcionario sigue en el cargo y ha firmado 16 documentos, entre ellos nombramientos. El presidente de la República, Gustavo Petro y el ministro, se han negado a acatar esta medida disciplinaria, alegando que debe ser de inmediato cumplimiento según las normas vigentes.
Esta situación ocurre en un momento delicado para el Gobierno actual, ya que, durante la última semana tuvieron lugar varios eventos que han hecho cuestionar su imagen, por parte de muchos otros funcionarios públicos. Uno de ellos fue la salida de Jorge Iván González, respetado jefe del departamento Nacional de Planeación, lo que ha reavivado las versiones sobre una nueva crisis en el gabinete.
Por otra parte, se confirmó que Barranquilla ha perdido definitivamente la sede de los Juegos Panamericanos, según debido a incumplimientos del Ministerio de Deporte. Adicional a ello, el presidente está siendo investigado tanto por la Fiscalía como por el Consejo Nacional Electoral por la financiación de su campaña electoral a la presidencia de Colombia.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, ha asegurado que la suspensión de Leyva no se ha ejecutado, debido a la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, que está programada para la próxima semana. Según Petro, es necesario que esta visita se lleve a cabo, antes de tomar alguna decisión con respecto al canciller. «He escuchado a juristas destacados hablando de la ruptura institucional en el caso del canciller de la República de Colombia, primero de la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales, que vienen de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan» así, escribió Gustavo Petro, en su cuenta de X.
La suspensión del juicio disciplinario ha generado críticas y preocupación, en buena parte de la sociedad colombiana; muchos se preguntan por qué Leyva sigue ocupando su cargo y firmando documentos importantes, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación, haya solicitado su suspensión. Esto ha generado dudas sobre la efectividad del sistema disciplinario y sobre la independencia de los funcionarios involucrados en el proceso.
La visita del Consejo de Seguridad de la ONU, es un momento clave en este proceso. Se espera que esta visita ayude a esclarecer los hechos y a tomar decisiones informadas sobre el futuro del canciller Leyva. Sin embargo, también hay quienes critican esta postergación, argumentando que la suspensión debería llevarse a cabo de inmediato, sin importar la visita de la ONU.
Además, la situación se vuelve más complicada debido a la crisis en el gabinete y la pérdida de la sede de los juegos panamericanos. Estos eventos han minado la confianza en el Gobierno y han llevado a muchos a cuestionar la capacidad de gestión del presidente y su equipo.
En última instancia, esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad en la política colombiana. Los ciudadanos esperan respuestas claras y acciones contundentes por parte del Gobierno, especialmente en un momento en el que enfrenta múltiples desafíos internos y externos. La forma en que se resuelva este caso y se aborden las investigaciones en curso. El presidente Petro, por su parte, pidió que se respete la institucionalidad y el debido proceso. Además, hizo énfasis en la importancia de la intervención de las delegaciones internacionales y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se conozca la verdad y se evite un quiebre democrático en el país.
