La noche del martes 6 de febrero, las autoridades capturaron al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, en la ciudad de Cali. La detención se llevó a cabo por orden de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso por irregularidades en un contrato por 1.072 millones de pesos con la Fundación Calimío.
Según medios locales, el abogado de Abadía, Alejandro Felipe Sánchez, ha presentado una solicitud de detención domiciliaria, la cual se encuentra en estudio. Esto determinará si el exgobernador será enviado a una prisión o si podrá enfrentar el proceso judicial desde su hogar.
La cita de Abadía ante la Sala de Primera Instancia, está programada para hoy, 7 de febrero de 2024, a las 4:00 de la tarde, allí se determinará, si se le impondrá una pena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
La Corte Suprema de Justicia señal que: Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y que no procede a su favor. Sin embargo, el exgobernador asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación y no se solicitó una medida de aseguramiento en su contra.
Por su parte, Abadía expresó su descontento con la Fiscalía, pues en declaraciones afirmó, que había pedido el archivo del caso al considerarlo inocente. Además, aseguró que la Contraloría determinó que no se perdió ni un solo peso y que se cumplió con el contrato.
Juan Carlos Abadía, estudió Administración de Empresas en la Universidad Santiago de Cali; se especializó en Derecho Administrativo, en la Universidad Libre de Colombia. Dio inició en su carrera política como diputado del Valle y concejal de Cali. En 2007, fue elegido gobernador del departamento, pero su mandato fue interrumpido por su destitución. Cabe señalar que: el exgobernador Abadía, es hijo de Helmer Colombia Campo y Carlos Herney Abadía Campo, este último senador, estuvo vinculado al escándalo del Proceso 8000, de tal manera, fue condenado por enriquecimiento ilícito.
Juan Carlos Abadía, anteriormente había sido declarado culpable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía. Su mandato como gobernador del Valle del Cauca comenzó el 1 de enero de 2008 y fue destituido el 5 de mayo de 2010 por la Procuraduría, quien lo inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos; sentencia que fue ratificada y volvió a ser restituido temporalmente en su cargo el 25 de junio de 2010 por un fallo de tutela. Sin embargo, fue destituido definitivamente el 28 de julio de 2010.
Durante su mandato como gobernador, Abadía presentó un proyecto ante la asamblea departamental que comprometía por doce años los ingresos de la entidad para financiar obras de infraestructura por un valor de 650.000 millones de pesos. Este proyecto fue aprobado rápidamente, a pesar de las implicaciones presupuestales.
Además, hay quienes alegan que Abadía llevó a cabo un despliegue publicitario de sí mismo y de su administración durante los XVIII Juegos Deportivos Nacionales; ejecutando un presupuesto millonario para publicidad exterior en la que él aparecía en primer plano y los medallistas olímpicos del Valle del Cauca detrás. Asimismo, durante el cierre de la Feria de Cali, Abadía organizó un espectáculo de fuegos artificiales pagado por la Gobernación del Valle y aprovechó la ocasión para lanzar su nuevo partido político, ADN; llenando Estadio Pascual Guerrero de vallas y pendones de su partido.
El exgobernador también se vio involucrado en un proceso disciplinario por haber reunido a los alcaldes del Valle del Cauca para favorecer al precandidato a la presidencia Andrés Felipe Arias. La Procuraduría General de la Nación lo destituyó y lo inhabilitó por diez años por participación indebida en política.
Con su captura, Juan Carlos Abadía, deberá enfrentar la decisión que venga por parte de la Corte Suprema de Justicia. “Juan Carlos Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y, en principio, no procede a su favor el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, entendiéndose su compromiso de acatar las determinaciones judiciales”, según señaló la Corte.
