Nuevo Plan Departamental de Desarrollo en Cundinamarca.

El Gobernador Jorge Rey y su equipo de gobierno, están trabajando para dar forma a este importante documento.

Las diferentes secretarías y entidades del departamento han estado presentando sus propuestas, basadas en el conocimiento del sector y en las iniciativas de la comunidad, recogidas en las mesas de diálogos comunitarios realizadas en los 116 municipios.
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La Secretaría de Educación fue la primera en presentar sus propuestas, destacando la importancia de la educación para el desarrollo equitativo del departamento. Se planteó el incentivo a la educación superior, la construcción de infraestructura educativa y universitaria, y la promoción de la inclusión, la innovación y la transformación del territorio.

La reunión del 6 de febrero también abordó las metas en salud, desarrollo social y cultura. Se destacó la importancia del bienestar y la salud mental, la atención a grupos vulnerables, el apalancamiento del sector turístico, y la salud, nutrición y prestación de servicios.

En la última jornada de construcción del Plan de Desarrollo, se discutieron las metas de la Agencia Catastral, del ambiente, el bienestar animal y la acción comunal. En total, se establecieron las metas de 20 entidades y se elaboraron proyectos estratégicos, algunos de los cuales son únicos en el país.

Durante los tres días de trabajo, se analizaron 350 metas, muchas de las cuales fueron propuestas por las propias comunidades. A partir del 19 de febrero, el gobierno departamental entregará esta hoja de ruta al Consejo Territorial de Planeación para su revisión. Una vez aprobado, el Gobernador Rey y su equipo visitarán nuevamente cada municipio para dar a conocer las apuestas estratégicas que se ejecutarán en cada territorio durante el próximo cuatrienio.

El compromiso del Gobernador Jorge Rey es entregar el Plan de Desarrollo Departamental a las instancias correspondientes el próximo 1º de marzo. Este documento será una guía fundamental para el desarrollo equitativo y sostenible de Cundinamarca, y refleja el compromiso del gobierno departamental de escuchar a la comunidad y tener en cuenta sus necesidades y propuestas. Con la construcción de este plan, se busca garantizar un acceso equitativo a la educación, la salud, la vivienda y los servicios públicos, así como impulsar el desarrollo económico y social del departamento.

Cárcel para evasores de impuestos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha dado a conocer una importante noticia que va directamente a los evasores de impuestos, en nuestro país. Según ha comunicado el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, aquellos contribuyentes que evadan impuestos por una suma superior a los $100 millones, podrán enfrentar procesos penales, que los llevaría a terminar en prisión.
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La medida surge, luego de la reciente aprobación de la Corte Constitucional a los artículos, que fortalecen la penalización contra los evasores de impuestos. Esta decisión ha sido celebrada tanto por la Dian, como por el director de la entidad, Luis Carlos Reyes, quien considera que es un paso importante en la lucha contra la evasión de impuestos y permitirá evitar el daño que estos evasores causan al recaudo tributario.

Reyes ha destacado que la idea no es mandar a la cárcel a las personas por pequeños errores o por situaciones de buena fe, sino que se busca castigar de manera efectiva a aquellos contribuyentes que de manera intencional oculten sus activos o incluyan pasivos inexistentes con el fin de evadir impuestos.

El monto mínimo establecido para que se inicie un proceso penal es de $100 millones de pesos de evasión. Además, si los activos ocultos superan los $1.000 millones de pesos, también se abriría la posibilidad de un proceso penal. Estas cifras no son definidas de antemano, ya que es la primera vez que se establece una advertencia de este tipo.

La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-019 de 2024, ha declarado que la modificación introducida en la reforma tributaria cumple con los principios de consecutividad e identidad flexible propio del trámite legislativo. Esta sentencia respalda los cambios realizados en los delitos fiscales y brinda bases legales sólidas para castigar de manera efectiva a los evasores de impuestos.

Dentro de la reforma tributaria se contemplan tres cambios en los delitos fiscales. El primero de ellos es la reducción del monto base de los activos omitidos o pasivos inexistentes de $5.000 millones a $1.000 millones. Así pues, aquellos contribuyentes que oculten bienes o cuentas por un valor mínimo de $1.000 millones podrían enfrentar de 4 a 9 años de cárcel. Esta misma pena se aplicará a quienes inventen pasivos falsos en su declaración de renta.

Otro ajuste significativo es la disminución del monto base para el delito de evasión y defraudación tributaria, que pasa de $250 millones a $100 millones. Aquellos contribuyentes que evadan impuestos por una cifra igual o superior a los $100 millones podrían enfrentar penas de 3 a 5 años de prisión.

Es importante destacar que estas medidas buscan promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y evitar la evasión de impuestos, que afecta directamente a la economía del país y al bienestar de todos los ciudadanos. La DIAN espera que estas medidas tengan un efecto disuasorio y que contribuyan a mejorar el recaudo tributario de manera significativa.

En conclusión, la aprobación de los artículos que fortalecen la penalización contra los evasores de impuestos por parte de la Corte Constitucional, y la advertencia de posibles procesos penales por evasiones de más de $100 millones, representa una buena noticia para el país. La DIAN espera que estas medidas contribuyan a reducir la evasión de impuestos y a fortalecer el recaudo tributario, evitando así el daño que esta práctica ocasiona a la economía del país.

Así va la imputación de cargos contra Angélica Monsalve

La fiscal, enfrenta cargos por fraude procesal y falsedad en documento. Monsalve, quien asegura ser inocente, ha denunciado una persecución jurídica en su contra.

Angélica Monsalve, más conocida como la «Fiscal de Cartón», se ha posicionado como una figura muy destacada en la ‘lucha contra la corrupción en Colombia’. Sin embargo, su carrera ha estado atravesando varios conflictos judiciales; generando múltiples interrogantes en diferentes sectores del país, sobre su «imparcialidad» y sus verdaderas intenciones.

La Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Monsalve, acusándole de ser responsable de irregularidades, durante su tiempo como fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá. Incluso, se mencionó que un investigador del CTI también será llamado a declarar.

Según la Fiscalía, existen pruebas suficientes que demostrarían la participación de la fiscal en la alteración de documentos, lo que habría llevado a otros funcionarios a cometer errores en sus labores. Esta modificación, habría resultado en un principio de oportunidad, en un caso penal que estaba bajo la responsabilidad de Monsalve. Además del fraude procesal, también se le imputarán cargos por falsedad en documento público.

Por su parte, la fiscal ha denunciado en repetidas ocasiones que estas acusaciones son parte de una persecución judicial en su contra por parte del fiscal general y la vicefiscal. Incluso ha afirmado que su vida corre peligro; su abogado defensor ha respaldado estas afirmaciones y ha prometido enfrentar las acusaciones en su contra.

Esto ha logrado, que muchos se pregunten quiénes son los responsables de poner en alto a  la figura de Angélica Monsalve y cuál es su verdadero propósito; hay quienes incluso la han llegado a comparar con Claudia Carrasquilla (fiscal en la administración del ex fiscal Néstor Humberto Martínez), quien años atrás, fue conocida como la «Dama de Hierro», a causa de su manejo contundente en casos judiciales; pero, que posteriormente se vio envuelta en varios escándalos relacionados con falsos positivos judiciales y manipulación de estadísticas.

Ahora bien, hay quienes han señalado que la ciudad de Medellín es clave en todo este entramado; pues asimismo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha sido vinculado con la organización criminal ‘Clan del Golfo’, quienes fueron denunciados ante la ONU junto al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el ex presidente Iván Duque Márquez y el general Eduardo Zapateiro.

Varios usuarios de redes sociales, han hablado sobre la verdadera imagen de Angélica Monsalve, señalando, que en el pasado habría mostrado un fuerte apoyo y respaldo, hacia el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago y el uribismo en general. Pero ahora, se le cuestiona el hecho de haber borrado todos los tweets en los que expresaba su respaldo hacia ellos.

Esta no es la primera vez que Monsalve enfrenta acusaciones judiciales. El año pasado, fue vinculada a un caso de concusión, lo que llevó a que se declarara su contumacia. En esa ocasión, se le investigaba por presuntamente solicitar dinero para archivar un caso relacionado con el carrusel de carros blindados de la Unidad Nacional de Protección.

Mientras tanto, una decisión más reciente ha apartado a Monsalve de la investigación que ella misma lideraba, en contra Martín Manjarrés y Marcela Montes, por el mencionado caso del carrusel de carros blindados. La Fiscalía General de la Nación ha acogido una recusación presentada por los investigados, argumentando que Monsalve no puede permanecer en el caso debido a las acusaciones en su contra por presuntamente solicitar sobornos.

Así pues, la Fiscalía, ha informado que reasignará la investigación a otro fiscal en los próximos días. Decisión que se basa en lo establecido en el Código de Procedimiento Penal y en la imputación de concusión realizada contra Monsalve.

Ante estas acusaciones, se espera que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer la verdadera naturaleza de las acciones de Angélica Monsalve y poder determinar si es apta para ocupar un cargo tan importante como lo es el de Fiscal General. La sociedad colombiana exige transparencia y justicia en estos casos, para que no se repitan errores del pasado y se pueda garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial.

 

Capturan a Juan Abadía por irregularidades en un contrato

La noche del martes 6 de febrero, las autoridades capturaron al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, en la ciudad de Cali. La detención se llevó a cabo por orden de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso por irregularidades en un contrato por 1.072 millones de pesos con la Fundación Calimío.

Según medios locales, el abogado de Abadía, Alejandro Felipe Sánchez, ha presentado una solicitud de detención domiciliaria, la cual se encuentra en estudio. Esto determinará si el exgobernador será enviado a una prisión o si podrá enfrentar el proceso judicial desde su hogar.

La cita de Abadía ante la Sala de Primera Instancia, está programada para hoy, 7 de febrero de 2024, a las 4:00 de la tarde, allí se determinará, si se le impondrá una pena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

La Corte Suprema de Justicia señal que: Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y que no procede a su favor. Sin embargo, el exgobernador asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación y no se solicitó una medida de aseguramiento en su contra.

Por su parte, Abadía expresó su descontento con la Fiscalía, pues en declaraciones afirmó, que había pedido el archivo del caso al considerarlo inocente. Además, aseguró que la Contraloría determinó que no se perdió ni un solo peso y que se cumplió con el contrato.

Juan Carlos Abadía, estudió Administración de Empresas en la Universidad Santiago de Cali; se especializó en Derecho Administrativo, en la Universidad Libre de Colombia. Dio inició en su carrera política como diputado del Valle y concejal de Cali. En 2007, fue elegido gobernador del departamento, pero su mandato fue interrumpido por su destitución. Cabe señalar que: el exgobernador Abadía, es hijo de Helmer Colombia Campo y Carlos Herney Abadía Campo, este último senador, estuvo vinculado al escándalo del Proceso 8000, de tal manera, fue condenado por enriquecimiento ilícito.

Juan Carlos Abadía, anteriormente había sido declarado culpable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía. Su mandato como gobernador del Valle del Cauca comenzó el 1 de enero de 2008 y fue destituido el 5 de mayo de 2010 por la Procuraduría, quien lo inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos; sentencia que fue ratificada y volvió a ser restituido temporalmente en su cargo el 25 de junio de 2010 por un fallo de tutela. Sin embargo, fue destituido definitivamente el 28 de julio de 2010.

Durante su mandato como gobernador, Abadía presentó un proyecto ante la asamblea departamental que comprometía por doce años los ingresos de la entidad para financiar obras de infraestructura por un valor de 650.000 millones de pesos. Este proyecto fue aprobado rápidamente, a pesar de las implicaciones presupuestales.

Además, hay quienes alegan que Abadía llevó a cabo un despliegue publicitario de sí mismo y de su administración durante los XVIII Juegos Deportivos Nacionales; ejecutando un presupuesto millonario para publicidad exterior en la que él aparecía en primer plano y los medallistas olímpicos del Valle del Cauca detrás. Asimismo, durante el cierre de la Feria de Cali, Abadía organizó un espectáculo de fuegos artificiales pagado por la Gobernación del Valle y aprovechó la ocasión para lanzar su nuevo partido político, ADN; llenando Estadio Pascual Guerrero de vallas y pendones de su partido.

El exgobernador también se vio involucrado en un proceso disciplinario por haber reunido a los alcaldes del Valle del Cauca para favorecer al precandidato a la presidencia Andrés Felipe Arias. La Procuraduría General de la Nación lo destituyó y lo inhabilitó por diez años por participación indebida en política.

Con su captura, Juan Carlos Abadía, deberá enfrentar la decisión que venga por parte de la Corte Suprema de Justicia.  “Juan Carlos Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y, en principio, no procede a su favor el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, entendiéndose su compromiso de acatar las determinaciones judiciales”, según señaló la Corte.

Primera convocatoria pública del 2024

Colombia busca nuevo magistrado, a continuación, explicaremos a detalle las funciones, el origen del cargo, el marco legal que lo respalda, el proceso de selección y los diferentes tipos de magistrados que existen actualmente en Colombia; todo a propósito, de la nueva convocatoria pública para postularse a magistrado del Consejo Superior de Judicatura (reemplazo de la dr. Gloria Stella López).

¿Qué es y qué hace un magistrado?

En el contexto político colombiano; los magistrados son una autoridad judicial de alto nivel, encargada de interpretar la ley, ejercer la administración de justicia y la toma de decisiones legales. Estos profesionales de alto rango son los directos responsables de aplicar y defender la Constitución y las leyes del país.

Los magistrados, a grandes rasgos, son quienes resuelven conflictos legales complejos, emiten fallos, sentencias, autos o providencias, y protegen los derechos de los ciudadanos. Estas decisiones deben ser tomadas de acuerdo con la Constitución y las leyes del país. Además, el magistrado está llamado a resolver conflictos jurídicos, declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas y asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Para poder ejercer su cargo, un magistrado debe tener una amplia formación jurídica y experiencia en el ámbito judicial. No está de más recordar, que debe ser una persona con integridad y ética profesional, capacitada para tomar decisiones imparciales y justas.

¿Cuáles son sus funciones?

El qué hacer de un magistrado, varía según su posición y la jurisdicción en la que se encuentre. Pero, en términos generales, entre las responsabilidades que se comparten son:

  • Interpreta y aplica la Constitución y las leyes:  Los magistrados deben examinar a profundidad las leyes existentes y determinar su constitucionalidad. Esta tarea es indispensable para garantizar que las leyes se ajusten a los principios y valores señalados por la Constitución.
  • Resuelve conflictos legales:  Los magistrados deben revisar y decidir sobre  diferentes casos legales y controversias. Su objetivo es buscar la equidad y la justicia social, basándose en las leyes y los precedentes legales establecidos.
  • Emite fallos y sentencias:  Los magistrados deben redactar y emitir fallos y sentencias que resuelvan los asuntos legales actuales y en disputa; con estos fallos sientan jurisprudencia y pueden dar las bases para futuros casos similares.
  • Proteger los derechos:  Los magistrados tienen la importante tarea de velar que sean cumplidos al pie de la letra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto implica garantizar el debido proceso, el derecho a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos.

¿Cómo surgió este cargo público?

El acuerdo para establecer el puesto de magistrado se dio en el marco de la Constitución de 1991, como producto de un proceso de negociación y debate entre los diferentes actores políticos y sociales del país. En este pacto se alcanzaron concertaciones sobre la estructura y funcionamiento del poder judicial, incluyendo la creación y designación de los magistrados.

Así pues, se estableció un poder judicial independiente como una rama autónoma del gobierno, soñando fortalecer cada vez más, el sistema de justicia y garantizar la separación de poderes en el país. Sin embargo, el hecho de establecer el puesto de magistrado, no se le puede atribuir a una persona específica; pues ha sido un proceso gradual basado en las necesidades y demandas del sistema judicial a lo largo del tiempo.

¿Cuál es el marco legal?

La figura de magistrado en Colombia; está establecida en la Constitución Política de Colombia de 1991 y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Estas leyes definen la estructura del poder judicial, las competencias de los magistrados y los procesos para su selección y destitución.

La Constitución establece que los magistrados deben ser elegidos por un período determinado y deben cumplir con requisitos específicos, como tener una sólida formación jurídica y gozar de buena reputación; así se garantiza su independencia y autonomía para ejercer su función sin determinar interferencias o presiones externas.

¿Cómo se lleva a cabo esta convocatoria?

La convocatoria para la selección de magistrados se realiza a través del Consejo Superior de la Judicatura, el órgano encargado de administrar y organizar el poder judicial en Colombia. El proceso de selección es riguroso y transparente, todo con el objetivo de garantizar la idoneidad y calidad de los profesionales seleccionados.

Los candidatos a magistrados deben presentar su hoja de vida, certificaciones académicas y profesionales, también, someterse a exámenes y entrevistas de prueba. El Consejo Superior de la Judicatura, realiza una evaluación integral de los aspirantes y selecciona a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Qué tipo de magistrados existen en Colombia?

Son varios los actores que pueden llevar el puesto de magistrado; sin embargo, como bien fue mencionado anteriormente, cada uno de ellos tiene una función específica. A continuación algunos ejemplos:

  • Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de Colombia en materia penal. Está compuesta por 23 magistrados, conocidos como «magistrados auxiliares», encargados de tomar decisiones finales en asuntos penales y disciplinarios.
  • Magistrados del Consejo de Estado: El Consejo de Estado es el máximo tribunal administrativo. Está compuesto por 27 magistrados, quienes son responsables de resolver disputas entre los ciudadanos y el Estado, así como de conocer casos relacionados con elecciones, contratos, entre otros.
  • Magistrados de la Corte Constitucional: La Corte Constitucional es el máximo tribunal en materia constitucional. Está compuesta por nueve magistrados que tienen la función de revisar la constitucionalidad de las leyes y de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
  • Magistrados de los Tribunales Superiores: Colombia cuenta con 32 departamentos y un distrito capital. En cada uno de ellos, hay un Tribunal Superior de Justicia encargado de resolver apelaciones de las decisiones de los jueces de primera instancia. Estos tribunales están conformados por un número variable de magistrados, dependiendo de la carga de trabajo de cada departamento.
  • Magistrados de los Tribunales Administrativos: En Colombia, existen 33 tribunales administrativos, uno por cada departamento y el distrito capital. Estos tribunales están encargados de resolver las controversias entre los ciudadanos y la administración pública. Están conformados por un número variable de magistrados, dependiendo de la carga de trabajo de cada departamento.
  • Magistrados de los Juzgados: A nivel de primera instancia, existen diferentes tipos de juzgados en Colombia, como los juzgados penales, civiles, laborales, entre otros. Cada uno está a cargo de un único juez, quien es responsable de conocer y resolver los asuntos presentados ante su jurisdicción.

Recuerde que esta será la primera convocatoria pública en este 2024, desde el 6 hasta el 16 de febrero, se encontrarán abiertas las inscripciones para postularse al cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, sólo debe ingresar al portal web de la Corte Suprema de Justicia e iniciar su proceso de aspiración o dar clic, aquí.