Bogotá y el país en general, vivió una jornada de movilizaciones, a causa de la presunta demora en la elección del nuevo fiscal general. Se adelantaron plantones, marchas y por parte de gremios como Fecode, diferentes centrales obreras y el Pacto Histórico, solicitando el nombramiento lo más pronto posible.
La situación generó un amplio debate en la sociedad colombiana, sobre la responsabilidad de las autoridades en garantizar la seguridad y la libre movilidad de los ciudadanos; por un lado, algunos consideraban que las manifestaciones pacíficas eran legítimas y necesarias para exigir una pronta elección del fiscal general, mientras, que otros tantos, argumentaban que los actos de violencia al Palacio de Justicia eran inaceptables.
Además, la situación puso de manifiesto las tensiones existentes entre el presidente Gustavo Petro y el actual fiscal general Francisco Barbosa. Petro, quien ha sido crítico con la gestión de Barbosa, convocó a una movilización social pacífica para protestar por lo que consideraba una ruptura institucional. Este llamado fue atendido por miles de personas en varias ciudades del país, lo que exacerbó aún más las tensiones en torno a la elección del nuevo fiscal.
En medio de este contexto, la Corte Suprema de Justicia se vio en la obligación de aplazar la elección del nuevo fiscal general. Los dos nombres que habían tomado mayor protagonismo durante la jornada del 8 de febrero eran Ángela María Buitrago y Amelia Pérez, quienes obtuvieron cierto respaldo por parte de los magistrados en las votaciones. Sin embargo, ninguna de las dos alcanzó la mayoría requerida para resultar elegida.
La falta de consenso y la tensión generada por el asedio al Palacio de Justicia llevaron a que la Corte Suprema decidiera posponer la votación para el 22 de febrero. Esta decisión generó diversas reacciones en la sociedad, con algunos sectores apoyando la medida como una forma de garantizar que la elección se realice en un ambiente de tranquilidad y sin presiones externas, mientras que otros mostraron su descontento por considerar que se prolongaba la incertidumbre en torno a la designación del nuevo fiscal general.
En el marco de las manifestaciones, surgieron también diferentes hipótesis sobre la presencia de infiltrados en los actos de violencia. Algunos usuarios de redes sociales aseguraron que había personas intentando generar caos y sabotear las protestas pacíficas, portando distintivos y adoptando comportamientos agresivos y de ataque, muy similares. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido corroboradas oficialmente y la polémica en torno a este tema continúa.
Por otro lado, es importante mencionar que no todas las formas de protesta fueron violentas. Mientras se desarrollaba el asedio al Palacio de Justicia, artistas y personas del ámbito cultural se manifestaron pacíficamente a pocos metros de distancia. A través de sus obras y performances, buscaban transmitir mensajes de exigencia y preocupación por la demora en la elección del nuevo fiscal general. Esta manifestación artística fue valorada por algunos como una forma creativa y pacífica de expresar descontento y llamar la atención sobre la importancia de contar con una figura clave en la administración de justicia.
En conclusión, la jornada del 8 de febrero estuvo marcada por el asedio al Palacio de Justicia y las tensiones generadas en torno a la elección del nuevo fiscal general. El rechazo a la demora en este proceso y la preocupación por la seguridad de los magistrados fueron algunos de los puntos centrales de la jornada. Aunque la votación finalmente fue aplazada, la elección del próximo fiscal general sigue siendo un tema de gran importancia y expectativa para la sociedad colombiana.
